"En este documento mostraremos que el interés en cambiar el sistema de pensiones público por uno privado no responde a necesidades reales y técnicas sino más bien a las necesidades económicas de los bancos y otras entidades financieras que harían un negocio muy lucrativo si ese cambio se llevara a cabo. Además, veremos que el deterioro del sistema de pensiones públicas conlleva igualmente el deterioro de las condiciones de vida de la población y, especialmente, de aquellas personas en peor situación económica."
Vivimos tiempos convulsos para el Estado del Bienestar. A raíz de la Gran Recesión, los recortes efectuados en sanidad, educación y dependencia han mermado notablemente la capacidad del sistema para proveer de servicios con el mismo nivel de calidad que antes de la crisis. La seguridad social no ha sido ajena a esta tectónica. A causa de la destrucción masiva de empleo, sus ingresos por cotizaciones cayeron en picado al mismo tiempo que sus gastos por seguros de desempleo se dispararon. Este desequilibrio afectó a las pensiones, que vieron reducida su principal fuente de financiación, el fondo de reserva de la seguridad social. Durante los últimos años, coincidiendo con las pagas extraordinaria de junio y diciembre, recibimos informaciones alarmantes acerca de la evolución de dicho fondo. Así, la famosa hucha de las pensiones ha menguado en la alarmante cifra de 50.000 millones de euros en los últimos cinco años. Si el ritmo de destrucción del fondo se mantiene constante, y si el gobierno no encuentra (o no quiere encontrar) una fuente alternativa de financiación, éste colapsará a finales de este año. Por estas razones, la opinión pública en los últimos tiempos ha sido bombardeada desde los medios de comunicación con la amenaza de la desaparición de las pensiones públicas. Si a esto le añadimos medidas tan cuestionables por parte del gobierno central como congelar el crecimiento de las pensiones al 0,25%, desvinculándolo de la evolución de la inflación, tenemos el cocktail perfecto para que cunda el pánico. Ante tal estado de cosas urge preguntarse: ¿es para tanto la alarma? Contestar a esa pregunta, y a otras relacionadas, constituye el propósito del libro que comentaremos hoy.
Publicado por ATTAC, la asociación que promueve la implantación de la tasa Tobin a las transacciones financieras, "¿Están en peligro las pensiones públicas?" supone un auténtico manual de instrucciones para guiarse por el debate sobre la viabilidad de las pensiones públicas. El libro está escrito por Vicenç Navarro (del que hemos reseñado en este blog su libro de 2004 Bienestar insuficiente, democracia incompleta), Juan Torres López y Alberto Garzón (autor de La tercera república), personajes todos ellos relevantes en las salas de máquinas de la izquierda española, y está compuesto por una sucesión de preguntas y respuestas que ilustran al lector de manera rápida y certera sobre pequeñas cuestiones. Estas cuestiones, al principio, tratan de sentar las bases conceptuales necesarias para comprender el debate definiendo qué es un sistema de pensiones, qué es la seguridad social, cómo se puede financiar, las diferencias entre un sistema de reparto y de capitalización, qué es el Pacto de Toledo, etc. A medida que el libro avanza las preguntas dejan de ser tan didácticas y empiezan a ser más incisivas. El objetivo consiste en tratar de desacreditar la visión neoliberal que afirma que, en último término, un sistema de pensiones totalmente público no es viable financieramente.
Las páginas más valiosas de este pequeño libro atañen a las razones por las que a menudo los análisis de los economistas de tendencia liberal suelen presentarse sesgados. A menudo, sus modelos no incluyen todas las variables relevantes en la explicación del futuro de las pensiones. Por ello, sus análisis son simplistas en el mejor de los casos y, en el peor, incurren en peticiones de principio conceptuales y, por tanto, en errores metodológicos importantes. El trío de economistas hace buena pedagogía cuando explica la panoplia de variables relevantes a la hora de tratar de barruntar el futuro de las pensiones y, cuando los economistas liberales centran la explicación en la inversión de la pirámide poblacional o en el aumento del ratio entre pensiones y PIB para explicar el futuro desequilibrio financiero de las pensiones, cómo conviene contraponer y precisar que la cada vez mayor intensidad de esos factores puede quedar neutralizada (y también acentuada) por la evolución del empleo y el desempleo existentes, el nivel salarial, el volumen de actividad económica y su tasa de crecimiento, la distribución de la renta, la calidad del empleo, la productividad del trabajo, la extensión de la economía sumergida y la tasa de actividad y de empleo femenina. Lo cual es tanto como presentar a la economía como un sistema donde la modificación de los equilibrios en cierto sitio del sistema afectan a los equilibrios en otras partes del mismo.
Los autores sostienen, con todo, que esta clase de análisis sesgados no son inocuos desde el punto de vista político. Por el contrario, tienen una clara intencionalidad ideológica y buscan desmontar el Estado del Bienestar y privatizar las pensiones. ¿Porque las pensiones privadas bajo un sistema de capitalización sean un método más eficiente de cara al cobro de rentas futuras durante la jubilación? No parece que sea así, sostienen el trío de autores. Al menos, atendiendo a la evidencia comparada sobre la rentabilidad de estos productos, que siempre se sitúan a la cola en cuanto a rentabilidad de lo que ofrecen otras alternativas, y a la evolución de otros sistemas de cobertura total o prácticamente privatizados. La respuesta más sencilla, en cambio, parece consistir, simple y llanamente, en el deseo de los bancos y los mercados financieros de meter el cuchillo en la tarta de la seguridad social.
Y aquí es donde entra en juego la política, según los autores. Los políticos y los gobiernos, naturalmente, no son elementos inocentes en esta estructura. Sus regulaciones introducen incentivos y elementos desincentivadores ahí donde pretenden ejercer un cambio en el equilibrio del sistema. Estos incentivos pueden acelerar o frenar las dinámicas demográficas. Por ejemplo, los incentivos a la prejubilación claramente alteran para mal el equilibrio financiero del sistema, transformando un flujo de ingresos en un flujo de gastos. Otro ejemplo son las desgravaciones fiscales por la contratación de planes de pensiones privados, lo cual genera un incentivo para el trabajador que los contrata ya que, al pagar menos impuestos, ve aumentar la rentabilidad relativa del plan de pensiones. Todo lo cual, como es obvio, resulta profundamente regresivo: al pagar menos impuestos, se reduce la financiación de las pensiones no contributivas (que son las más bajas) y, con ello, se aumenta entre la brecha salarial entre los que suscriben planes de pensiones privados y los que no cuentan con pensiones contributivas. En otras palabras: el sistema aumenta las diferencias económicas entre los sujetos.
"Por supuesto que las pensiones públicas están en peligro. Como también lo están otros derechos sociales. Lo que ocurre es que lo están pero no por las razones a las que apuntan los liberales sino justamente porque se aplican las políticas que ellos proponen. lo que hace peligrar el disfrute de los derechos sociales es la falta de empleo, el empleo precario, los salarios bajos, la desigualdad, la especulación financiera, el reducido gasto social..., es decir, todo lo que han provocado las políticas que se vienen aplicando en los últimos decenios."
Las pensiones públicas están en peligro, pero ese estado de cosas no es necesario. Según los autores, si se fortalece la capacidad de generar actividad económica que sea capaz de generar un crecimiento económico sostenible, lo que se traduciría en un aumento de la productividad y, con ella, de los salarios, estaríamos en condiciones de sentar las bases para un sistema público de pensiones sostenible. Pero, y al mismo tiempo, otra medida fundamental sería que las pensiones contributivas pasaran a financiarse también con cargo a los presupuestos generales del Estado. Solo así se podría luchar contra la inversión de la pirámide poblacional.
El enfoque del libro es eminentemente didáctico. Los autores no han pretendido escribir un sesudo ensayo sino, muy al contrario, hacer accesibles al público mayoritario cuestiones a menudo farragosas y, al mismo tiempo, concienciar acerca de los peligros de la asimilación acrítica de las informaciones que recibimos constantemente a través de los medios, las cuales no tienen más objetivo que instaurar en la sociedad un clima de miedo que favorezca el poner en la picota el sistema público de pensiones. El método de preguntas y respuestas tiene ciertamente sus virtudes, aunque en algunos momentos se echa de menos un poco más de profundidad en los análisis. Las matemáticas y las cifras, datos y estadísticas son las grandes ausentes de este libro. En parte, esta decisión es coherente con el propósito divulgativo del libro, aunque podrá resultar insatisfactorio para mucha gente, entre la cual me incluyo. Para los que se puedan llegar a fijar en las cualidades estilísticas del libro, les diría que busquen en otra parte. La prosa del libro es academicista por sintaxis pero clara y accesible por semántica, y huye decididamente de las metáforas y las analogías en pro del afán de concisión.
Un problema fundamental que, a mi juicio, tiene este libro es el de su fecha de publicación. A pesar de que 2010 se inscribe en el epicentro temporal de la Gran Recesión, las condiciones económicas han cambiado de tal forma desde entonces, en especial las referentes a los déficits de la seguridad social y a la destrucción de la hucha de las pensiones, que parece que fue escrito hace un cuarto de siglo. Conceptualmente, sus razonamientos son válidos. Pero el tono empleado, ese optimismo velado que pretende insuflar en los lectores, a pesar del estilo aséptico de su prosa, resulta más afín al estado de ánimo finisecular que al posterior a la Gran Recesión. Además, uno tiene la
La reforma laboral ha creado empleo, pero no ha conseguido generarlo con la suficiente calidad como para que las cotizaciones sociales crezcan al mismo ritmo, por lo que la seguridad social sigue en déficit, y no parece que ese estado de cosas vaya a cambiar a corto o medio plazo (siendo así más necesaria la recomendación de los autores de financiar el sistema público de pensiones con cargo a los PPGG). Todo lo cual nos retrotrae a la cuestión de que no se están haciendo movimientos inteligentes para modificar la estructura económica del país, la cual, por cierto, cada vez se parece más a la de un país caribeño que a la de un país europeo, principalmente por nuestra nula capacidad para generar industria con alto valor añadido, y porque estamos poniendo casi todas las manzanas en la cesta de la generación de servicios (turismo sobre todo) diseñados para ser desempeñados por capital humano de baja cualificación. Llegados aquí, sería interesante un mecanismo de reciclaje de excedentes comerciales como el que propone Varufakis para la eurozona. Tal mecanismo posibilitaría la realización de inversiones productivas en nuestro país, principalmente en las zonas del sur aquejadas por el paro crónico. Sin embargo, estas ideas no parecen ser compatibles con la hoja de ruta de las élites económicas europeas.
En cualquier caso, sean cuales sean las soluciones a los problemas que actualmente afectan a la economía española, y que lastran la viabilidad de su sistema público de pensiones, resulta evidente que no podemos exigírselas por completo a este libro. Por distancia temporal, pero también por objetivo. A fin de cuentas, "¿Están en peligro las pensiones públicas?" no pretende ser más que una brújula para no caer preso de ni perderse en la, a menudo, demagogia barata con la que se suele tratar el tema en los medios de comunicación. Sus definiciones y explicaciones y su afán de claridad y concisión cumplen su cometido y aseguran al lector una nada desdeñable fuente de razonamientos. Solo por el ratio entre tiempo invertido y conocimiento adquirido, este libro vale la pena.
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