"Las guerras carlistas ponen de manifiesto un problema crucial: la resistencia de las clases populares españolas —sean campesinas, artesanas o urbanas o pequeña nobleza rural— a integrarse en las nuevas formulaciones del liberalismo económico. Y ello por una simple razón: con el sistema liberal empeoraba ostensiblemente su ya penosa situación. Su hambre de tierra no era satisfecha por los nuevos gobernantes, sino al contrario, los bienes comunales también le eran arrebatados. Las tierras pasaron de un amo a otro, llámese "señor" o "rico". Además, se les amenazaba con la supresión de los Fueros, una peculiar democracia que, en el caso de los vascos y catalanes, les había permitido hasta entonces gobernarse a su modo sin esperar instrucciones de un lugar tan lejano para ellos, llamado Madrid. En las guerras carlistas, pues, se dilucidó un contencioso ideológico-político, basado en una protesta social."
Corría el 30 de septiembre cuando las Cortes españolas aprobaban la Pragmática Sanción de 1789. La disposición anulaba la Ley de Sucesión fundamental de 1713 (la mal llamada ley Sálica), por la cual Felipe V promulgaba la imposibilidad de que las mujeres heredaran el trono a menos que no hubiera herederos varones en la línea principal (hijos, nietos) o lateral (hermanos, sobrinos), y restituía el sistema de sucesión tradicional contemplado en las Siete Partidas de Alfonso X de Castilla, el cual permitía a las mujeres reinar siempre y cuando no tuvieran hermanos varones. Aquella ley de 1713 también ponía como condición para heredar el trono el hecho de nacer y haber sido criado en España, y se cuenta que, a pesar de que Carlos IV había sido jurado como heredero en las Cortes en 1760, como había nacido y había sido criado en Nápoles, el propio monarca temía que esa vieja disposición legal pudiera generarle problemas de legitimidad. Esa es una de las razones que explican el cambio de ley, aunque la historiografía siempre ha aducido el miedo del rey a que, en caso de que sus hijos Fernando y Carlos no heredaran, la corona pasara a su hermano Fernando, rey de Nápoles, con quien no mantenía buenas relaciones. Como quiera que fueran en realidad los motivos reales, lo cierto es que la Pragmática Sanción no fue promulgada en aquella época. Razones de política exterior explican ese coitus interruptus legislativo.
La ley permaneció en el limbo hasta que en otra Pragmática Sanción, en este caso la de 1830, Fernando VII finalmente la promulgaba. Su mujer, María Cristina, había quedado encinta escasos meses antes, y la promulgación de la Pragmática Sanción permitiría a su futura hija, Isabel, la posibilidad de heredar el trono en menoscabo de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. Naturalmente, los partidarios de Carlos, a la postre conocidos como carlistas, entraron en cólera. Tras lograr que María Cristina firmara la revocación de la Pragmática Sanción aprovechando la enfermedad de Fernando VII en los famosos sucesos de la Granja, y después de que éste la anulara tras recuperar la salud, los carlistas se negaron a reconocer a Isabel como heredera. Esta actitud de rebelión le valió a Carlos María Isidro y su familia la expulsión del país en marzo de 1833. Pero como la historia siempre es caprichosa, unos pocos meses más tarde, en septiembre, Fernando VII moría, y se iniciaba una guerra civil por la sucesión entre los partidario de Isabel, los cristinos, y los partidarios de Carlos María Isidro, los carlistas.
Pero la primera Guerra Carlista no fue simplemente un conflicto sucesorio. Fue también la lucha entre dos visiones políticas y sociales antagónicas. Los cristinos eran defensores del nuevo orden liberal y burgués, mientras que los carlistas representaban la reacción contraria a esas ideas y eran defensores del viejo orden absolutista. El deseo de volver al Antiguo Régimen se materializó en una defensa de la unidad católica de España, la defensa de la sociedad estamental y gremial, en especial del campesinado (cuyas condiciones de vida empeorarían con las sucesivas desamortizaciones y reformas liberales) y la defensa de una monarquía federativa basada en el sistema medieval de los Fueros. Todas estas ideas quedarían sintetizadas en el famoso lema "Dios, Patria, Rey".
El siglo XIX vio discurrir hasta tres guerras carlistas, repitiendo en mayor o menor medida los motivos enumerados anteriormente. Con la restauración, tras la primera república y el final de la tercera guerra carlista, el nuevo monarca Alfonso XII trató de atraer a los carlistas afirmando que sería "católico como mis antepasados, y liberal como mi siglo". El movimiento táctico de Alfonso XII atraería viejos carlistas moderados, pero el grueso del Carlismo haría oposición a la Constitución de 1876. Con la muerte de Cándido Nocedal en 1885, a la sazón representante del pretendiente a la corona Carlos VII en España, éste asumiría las riendas del partido, que sería el único a nivel estatal en defender la divisa "centralización política, descentralización administrativa". En esta época, se escindiría del movimiento el ala más integrista, liderada por el hijo de Cándido, Ramón.
Con la muerte de Carlos VII, su hijo Don Jaime —Jaime III en la genealogía carlista— tomaría las riendas del partido. El Jaimismo se caracterizó por cierta apertura a la modernidad. El propio Jaime no dudaría en afirmar un tanto estrafalariamente: "me considero y me he considerado siempre como un socialista sincero, en el sentido exacto de la palabra". Basó su línea de acción política en los sectores obrero y juvenil del carlismo y durante la dictadura de Primo de Rivera se opuso frontalmente a ésta. Con su muerte, en 1931, y tras la proclamación de la Segunda República, los sectores integristas y tradicionalistas del partido asumirían de nuevo el poder dentro de él. Y es aquí donde comienza la historia del libro que vamos a comentar hoy.
"El Carlismo hasta la Transición Democrática", de Josep Carles Clemente, pretende ser un recorrido a vista de pájaro de la evolución del Carlismo desde los años de la Segunda República hasta los de la transición democrática española. Una época no del todo conocida a causa del alzamiento franquista y la posterior ilegalización de los partidos políticos que no se integraron en el partido único durante la dictadura. Por ello, el presente libro pretende trazar un sendero de continuidad entre ambos períodos democráticos, recogiendo la evolución del movimiento, desde una óptica divulgativa. No obstante, y aunque el planteamiento es atractivo (hablamos de un libro de reducida extensión), adolece de una serie de problemas.
El principal de ellos, de los cuales se siguen los demás, es el marcado sesgo que padece. Josep Carles Clemente perteneció al Partido Carlista y fue uno de los responsables del viraje del movimiento durante los 70 desde las tesis tradicionalistas hacia las progresistas, socialistas, federalistas y autogestionarias con las que se presentó en sociedad desde la transición, radicalizando las ideas de Oyarzun. Según Clemente, el alma verdadera del Carlismo residiría en su foralismo y anticentralismo, por oposición a los clásicos tradicionalismo e integrismo defendidos con anterioridad por el movimiento, los cuales desplazaron esas tesis de la centralidad ideológica del partido en favor de las tesis catolicistas con las que en nuestro imaginario colectivo identificamos al Carlismo.
Qué duda cabe que la lectura de Clemente es sugestiva y atractiva. Ensalza el carácter regionalista del movimiento y lo conecta con una visión de la democracia de abajo a arriba ligada a la voluntad popular y desapegada de las oligarquías. Pero al mismo tiempo supone una suerte de revisionismo cuya finalidad parece atender más al marketing político que a la veracidad histórica. El Carlismo, desde su nacimiento, estuvo unido a las oligarquías nobiliarias y a la tradición. Ideológicamente, fue una revuelta a favor del Antiguo Régimen y de los valores morales asociados a él. Valores incompatibles tanto con nuestras ciertamente imperfectas democracias modernas como con el liberalismo clásico que las fundamentan. Es cierto que en el seno del Carlismo nació el germen de ideas que cabrían ser entendidas como progresistas desde cierta óptica. Pero también es verdad que esas ideas florecerían como tales mucho tiempo después y completamente disociadas del Carlismo. Que el Carlismo evolucionara y se mimetizara con esos planteamientos no significa que el Carlismo siempre fuera eso. Porque no lo fue y hacer entender que los ingredientes integristas y tradicionalistas eran meros ingredientes supletorios de la receta básica carlista supone un ejercicio de travestismo intelectual y un nada decoroso insulto a la inteligencia del lector. Es, a fin de cuentas, el peor pecado que puede cometer un historiador: dejar la ecuanimidad a un lado en favor de intereses espurios asociados a un relato que resulta conveniente.
Con todo, y para ser justos, el libro tampoco es un panfleto. Clemente, aunque no esconde sus afinidades, durante la mayor parte del relato presenta hechos contrastados y documentación probatoria. No entra en grandes digresiones y, aunque su forma de presentar la información es sesgada, tampoco salpica a la audiencia con grandes derrapes intelectuales e historiográficos. Sí, presenta a Don Jaime no como un proto-socialista, sino como uno de pleno derecho. Y a Carlos Hugo, el heredero responsable de la evolución ideológica del Carlismo durante la dictadura, como un héroe. Y disculpa a personajes dudosos como Fal Conde y otros tradicionalistas enfatizando su oposición al franquismo en vez de sopesar esa información al mismo nivel que su apoyo al golpe de Estado de Sanjurjo. Son cuestiones de matiz todo el tiempo aquí y allá, cuestiones sutiles y que contribuyen a configurar el tono imperante durante el libro.
"De todos modos, la lectura de las actas, crónica y documentos de Insúa pusieron de manifiesto una dura realidad: que el Carlismo había caído en manos de unos personajes de dudosa moralidad política y que, según una acertada opinión del periodista Javier María Pascual, que dirigió durante algún tiempo el diario "El Pensamiento Navarro", estos individuos, excepto Fal Conde y alguno más, se vendieron a Franco "por un plato de lentejas y cuatro alcaldías", en clara referencia al conde Rodezno y sus adláteres".
A pesar de ello, como decía, el libro incluye documentación interesante. Destaca en ese sentido la traslación al relato de las actas de la Asamblea de Insúa de 1937. Asamblea en la que las diferentes corrientes "que pululaban por la llamada Comunión Tradicionalista" acordaron la estrategia de oposición al franquismo y la formación de la nueva Junta Nacional Carlista. Clemente no escatima sentimientos de oprobio para los muchos integrantes de la Junta que acabarían abandonándola para formar parte poco tiempo después de la estructura institucional del régimen franquista, entre los que destacarían Esteban Bilbao, Antonio Iturmendi o el Conde de Rodezno.
También es interesante el relato del nacimiento de las GAC (Grupos de Acción Carlista) y de las FARC (Fuerzas Activas Revolucionarias del Carlismo). Ambos grupúsculos surgieron de la juventud carlista, al margen de la línea oficial del partido, "como actos de protesta contra el franquismo y contra la autoridad integrista y tradicionalista enquistada en el Partido Carlista". Ambas organizaciones perseguían los mismos objetivos, pero por diferentes medios. Mientras que los GAC eran partidarios de la lucha directa y más radical, las FARC realizaron una labor más intelectual e ideológica, redactando documentos que desarrollaban su ideario político. Tanto los GAC como las FARC acabaron disolviéndose e integrándose en la estructura del partido conforme éste fue asumiendo sus postulados ideológicos.
Además, el libro incluye una completa cronología extremadamente útil para ubicar los diversos acontecimientos de la historia del movimiento, desde el fallecimiento de Fernando VII hasta la entrega en depósito al Archivo Histórico Nacional del archivo familiar de los Borbón Parma de manos de Carlos Hugo, pasando por los luctuosos hechos de Montejurra de 1976 o la designación como regente de Fal Conde en 1936.
"Doña María Teresa de Borbón Parma, en una intervención en el seno del Consejo de Europa del año 1976, señaló que "los carlistas somos el partido de las nacionalidades". Y no andaba desencaminada. Desde sus orígenes, el Carlismo alzó la bandera de la democracia foral. La autodeterminación es un punto unido a su doctrina desde hace más de un siglo y medio. Los carlistas son federalistas, pero no separatistas. Consideran la autodeterminación muy ligada a la solidaridad entre los pueblos, en un sentido amplio y no egoísta. Conciben el federalismo dentro del proyecto autogestionario y eso significa que, mientras la autodeterminación sea un derecho que se ejerce un solo día, la autogestión de los pueblos es la autodeterminación que se ejerce todos los días."
Es innegable que el Carlismo como proyecto político hoy en día está agotado. Tanto si se lo concibe desde una anacrónica óptica tradicionalista como si se lo contempla bajo la sugestiva mirada de Josep Carles Clemente, el movimiento no tiene un discurso demandado por la Sociedad. La visión tradicionalista a todas luces le parece un proyecto desnortado al ciudadano del siglo XXI, una reliquia conceptual interesante para ser contemplada desde los anteojos de la historiografía, pero extemporánea completamente. La utopía autogestionaria, en cambio, si bien tiene demanda, ha sido ofertada hasta sus últimas consecuencias, superando los planteamientos carlistas, por partidos con ideologías más próximas tanto al nacionalismo, como al socialismo federalista, cuyo nicho de votantes efectivo se siente más cómodo con esas etiquetas ideológicas que con la de un Carlismo que, a pesar de los esfuerzos de gente como Clemente, lastra tras de sí una alargada historia que intentos revisionistas como el presente volumen no pueden lograr ocultar.
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